Familiares
de los llamados "desaparecidos" y organismos defensores de los derechos
humanos han denunciado durante años que el régimen militar se cobró la
vida de 30.000 personas, pero esa cifra fue reducida a 8.571 víctimas
por la Secretaria de Derechos Humanos del gobierno del presidente
conservador Mauricio Macri en un anuncio efectuado el lunes.
El cálculo oficial proviene del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE), que funciona bajo la órbita de la mencionada secretaría. Esta dependencia dijo en un comunicado que, del total de víctimas de represión ilegal contra disidentes, 7.010 se consideran de desaparición forzada y 1.561 de asesinato.
Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos aclaró en el texto que "el número de personas desaparecidas continúa siendo indeterminado y toda cifra que pueda informarse resulta parcial y provisoria" debido a que "permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales".
La cifra de 8.571 comprende el lapso que va de 1973, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón y tres años antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hasta el retorno de la democracia a fines de 1983. La Secretaría de Derechos Humanos explicó al respecto que consideró este lapso a causa de un pedido de informes solicitado por la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, amparándose en el derecho de acceso a la información pública.
La agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), uno de los organismos más emblemáticos entre los defensores de derechos humanos, repudió a través de su cuenta en Twitter la cifra difundida por el gobierno y recordó que "miles de familias seguimos buscando a nuestras madres, padres, hermanos y otros familiares. Basta de negacionismo".
Y reiteró una consigna histórica de los organismos: "30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos presentes, ahora y siempre".
Esta cifra no oficial se elaboró sobre la base de denuncias de familiares de víctimas, pero no incluye los afectados por las acciones de grupos paraestatales o de las propias fuerzas armadas en la lucha anti-subversiva durante el gobierno democrático de Perón y, posteriormente, de su viuda Estela Martínez de Perón (1973-1976).
La aclaración de la Secretaría de Derechos Humanos de que el número de víctimas continúa siendo indeterminado no fue tomada en cuenta por los familiares de las víctimas. Para H.I.J.O.S, más que preocuparse por difundir la estadística, el gobierno debe colaborar para encontrar "los cuerpos de los miles de desaparecidos y dónde están sus hijos, los nietos".
Tal como quedó demostrado en los juicios contra exmiembros de las fuerzas armadas, el plan represivo ilegal consistía en el secuestro, la tortura y la desaparición física de los disidentes. Para no dejar rastros de sus acciones, las víctimas eran arrojadas al mar o enterradas en fosas comunes sin identificar, lo que dificulta establecer una cifra definitiva de muertos.
El número de víctimas durante una de las dictaduras más sangrientas de América Latina ha sido un tema recurrente en los últimos años, pero en enero se desató un escándalo cuando el entonces ministro de Cultura de Buenos Aires, Darío Lopérfido, insinuó que el número de 30.000 "se arregló en una mesa cerrada", dando a entender que era una invención de los organismos defensores de derechos humanos. El funcionario tuvo que renunciar meses después tras varios actos de reprobación pública.
El cálculo oficial proviene del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE), que funciona bajo la órbita de la mencionada secretaría. Esta dependencia dijo en un comunicado que, del total de víctimas de represión ilegal contra disidentes, 7.010 se consideran de desaparición forzada y 1.561 de asesinato.
Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos aclaró en el texto que "el número de personas desaparecidas continúa siendo indeterminado y toda cifra que pueda informarse resulta parcial y provisoria" debido a que "permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales".
La cifra de 8.571 comprende el lapso que va de 1973, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón y tres años antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hasta el retorno de la democracia a fines de 1983. La Secretaría de Derechos Humanos explicó al respecto que consideró este lapso a causa de un pedido de informes solicitado por la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, amparándose en el derecho de acceso a la información pública.
La agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), uno de los organismos más emblemáticos entre los defensores de derechos humanos, repudió a través de su cuenta en Twitter la cifra difundida por el gobierno y recordó que "miles de familias seguimos buscando a nuestras madres, padres, hermanos y otros familiares. Basta de negacionismo".
Y reiteró una consigna histórica de los organismos: "30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos presentes, ahora y siempre".
Esta cifra no oficial se elaboró sobre la base de denuncias de familiares de víctimas, pero no incluye los afectados por las acciones de grupos paraestatales o de las propias fuerzas armadas en la lucha anti-subversiva durante el gobierno democrático de Perón y, posteriormente, de su viuda Estela Martínez de Perón (1973-1976).
La aclaración de la Secretaría de Derechos Humanos de que el número de víctimas continúa siendo indeterminado no fue tomada en cuenta por los familiares de las víctimas. Para H.I.J.O.S, más que preocuparse por difundir la estadística, el gobierno debe colaborar para encontrar "los cuerpos de los miles de desaparecidos y dónde están sus hijos, los nietos".
Tal como quedó demostrado en los juicios contra exmiembros de las fuerzas armadas, el plan represivo ilegal consistía en el secuestro, la tortura y la desaparición física de los disidentes. Para no dejar rastros de sus acciones, las víctimas eran arrojadas al mar o enterradas en fosas comunes sin identificar, lo que dificulta establecer una cifra definitiva de muertos.
El número de víctimas durante una de las dictaduras más sangrientas de América Latina ha sido un tema recurrente en los últimos años, pero en enero se desató un escándalo cuando el entonces ministro de Cultura de Buenos Aires, Darío Lopérfido, insinuó que el número de 30.000 "se arregló en una mesa cerrada", dando a entender que era una invención de los organismos defensores de derechos humanos. El funcionario tuvo que renunciar meses después tras varios actos de reprobación pública.
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